Una “decisión histórica”. Así fue como describió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH), la resolución de la Cámara Constitucional (CC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, que declaró inconstitucional algunos aspectos de la ley de amnistía del país de 1993.

 La ley, protege a militares, grupos paramilitares, y combatientes de las guerrillas ante procesos por abusos cometidos durante la guerra civil de 1980-1992 que costó al país 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, principalmente civiles. La decisión de la CC es altamente controversial: tiene implicaciones tanto para el principal partido opositor, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo fundador, el fallecido Roberto D’Aubuisson, lideró un escuadrón de la muerte de extrema derecha durante la guerra civil, como para el izquierdista gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) liderado por el Presidente  Salvador Sánchez Cerén, un ex guerrillero.

salvador sanchez jorge velado el salvador Salvador Sánchez Cerén. Presidente de El Salvador | Jorge Ernesto Velado Contreras. Líder de Arena

El 13 de julio, los cinco miembros de la CC votaron cuatro a uno a favor de la decisión. Esta decisión está en línea con una apelación presentada en marzo del 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), de la Jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y de otros grupos de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES). La decisión de la CC, que abre las puertas para los posibles procesos contra autores de crímenes contra la humanidad, halló que la ley de amnistía de 1993 obstaculiza el derecho a la justicia, las investigaciones, procesos, castigo, y reparación de crímenes contra la humanidad y serias violaciones de la ley internacional humanitaria. Entre varias objeciones, la CC halló que algunos aspectos de la ley de amnistía violaba el Artículo 144 de la constitución de 1983 de El Salvador, que establece que el Estado debe cumplir con los tratados internacionales –incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como ‘Pacto de San José’.

La ley de amnistía fue aprobada bajo la administración liderada por Arena, que gobernó el país entre 1989 y 2009, hasta su derrota electoral por el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) que compitió bajo la fórmula del FMLN. Ambos implicados en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU sobre la guerra civil de 1993, Arena, y el FMLN, que fue reelecto en el 2014 con Sánchez Cerén como su presidente, había rehusado tocar la ley de amnistía sobre la base que su derogación podría reabrir viejas heridas y polarizar al país. Sin embargo, los llamados para que la ley sea derogada  recibió nuevos ímpetus en el 2012, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) halló responsable al Estado de El Salvador por la ‘masacre El Mozote’ (la más brutal masacre de la guerra civil ejecutada por los militares en diciembre de 1981, que causó casi 1.000 víctimas) y ordenó una investigación.

Respuesta

El fallo de la CC fue aclamado tanto por las instituciones de derechos humanos locales como internacionales por igual. Estas incluyen a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDDH), David Morales, y el fiscal general, Douglas Meléndez, quien dijo que su oficina respetará el fallo “desde un punto de vista institucional y cumpliremos nuestras responsabilidades constitucionales”. También como la OACDH, las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y la ONG Human Rights Watch (HRW) con sede en EU, expresaron su fuerte respaldo a la decisión de la CC.

El informe de la Comisión de la Verdad de la ONU atribuye casi el 85% de los casos de violencia a los agentes del Estado, a los grupos paramilitares aliados a ellos, y a los escuadrones de la muerte. El FMLN fue acusa en aproximadamente 5% de los casos. Predeciblemente, tanto Arena como el FMLN no dieron la bienvenida a la decisión de la CC. El ministro de defensa, David Munguía Payés, fue uno de los primeros en responder. Un ex comandante de la contra-insurgencia militar, quien sirvió como asesor del FMLN antes de su nombramiento en la cartera de defensa por Funes, Munguía Payes dijo al canal de TV local, Canal 12, que la decisión de la CC era un “error político”. Dos días después del anuncio de la CC, el 15 de julio, el Presidente Sánchez Cerén se dirigió a la nación, donde expresó que su gobierno tenía un compromiso con las víctimas de la guerra civil, pero acusó a la CC de no resolver “los problemas reales del país”. Y siguió para advertir que “lejos de resolver los problemas diarios de los salvadoreños, los ha vuelto peores”.

También el 15 de julio, Arena emitió una declaración, urgiendo que se respete la decisión de la CC, señalando al mismo tiempo que presentaría desafíos para el proceso de reconciliación y el fortalecimiento de la democracia y las instituciones. El fundador de Arena, el fallecido D’Aubuisson estuvo implicado en el asesinato en 1980 del Arzobispo Oscar Romero, quien se convirtió en un ícono regional después de ser asesinado por su fuerte y permanente defensa de los pobres. Arena también pidió a los presidentes y secretario de los partidos políticos representados en la legislatura nacional unicameral de 84 miembros, junto con el mismo Sánchez Cerén, para que forme una comisión de alto nivel para evaluar el futuro del país a la luz de la decisión de la CC.

Casos fundamentales

Además de la masacre de El Mozote y el asesinato del Arzobispo Romero, otros casos emblemáticos que serán vueltos a revisar ante la decisión de la CC incluyen la muerte de seis sacerdotes Jesuitas en 1989 (cinco de ellos ciudadanos españoles) –todos ellos fuertes críticos de las violaciones de los derechos humanos perpetrados por los militares– el ama de llaves y su hija, en la UCA.

El caso ya apareció en los periódicos en febrero del 2016 después que cuatro militares retirados buscados en conexión con el caso fueron arrestados –el Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno; el Sub-sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas; el Sub-sargento Tomás Zarpate Castillo; y el Cabo Ángel Pérez Vásquez. Estos arrestos estaban en línea con la Alarma Roja de Interpol que fue reemitida el 5 de enero y con el cual el gobierno del FMLN instruyó a la policía que cumpla.

Mientras 12 de los hombres buscados por la Interpol permanecen prófugos en El Salvador, el ex Coronel Inocente Orlando Montano (un ex viceministro para la seguridad pública) y número 17 en la lista de Alarma Roja, esté en EU, donde está encarcelado bajo cargos de fraude de inmigración. Su extradición a España fue aprobada el 5 de febrero.

Figuras implicadas

Además de los ex oficiales militares, la publicación investigativa online, El Faro, también apunta a figuras del gobierno quienes podrían afrontar algunas preguntas molestas, no menos el mismo Presidente Sánchez Cerén.

Aunque no fue mencionado directamente en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, el récord de Sánchez Cerén en la guerra civil (donde él sirvió como secretario general de las Fuerzas Populares de Liberación [FPL] una de las organizaciones que se convirtió en un grupo de guerrilla del FMLN) es controversial. El libro ‘Grandeza y miseria de una guerrilla, informe de una matanza’, que fue publicado en el 2008 por dos disidentes del FMLN, Geovani Galeas, y Berne Ayalá, alega que las ejecuciones de más de 100 guerrilleros y miembros del FMLN, sospechados de haber traicionado a la causa de la guerrilla, fueron llevadas a cabo por el ‘comandante Mayo Sibrián’ en la región de San Vicente, tuvo lugar con el consentimiento de Sánchez Cerén.

Otras figuras incluyen al secretario privado de la presidencia, Manuel Melgar (ex ministro de justicia y seguridad) quien permanece como objeto de sospechas en EU por su supuesta participación en un ataque en 1985 (Zona Rosa) en la cual cuatro marines de EU fueron muertos (junto con otras ocho personas). Por otro lado, el director de la agencia de protección civil del país, Jorge Meléndez, es mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU en relación a ejecuciones sumarias realizadas por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las organizaciones que formaba parte del FMLN, entre 1985 y 1988.