El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, marcó este mes el fin de su tercer año en el poder y el inicio del cuarto año de su mandato de cinco años. Pero en lugar de ser  saludado por celebraciones, la ocasión estuvo marcada por una gran manifestación antigobierno en la capital, Asunción, organizada por el Congreso Democrático del Pueblo (CDP).

Así inicia su artículo sobre Paraguay la publicación Regional Brazil & Southern Cone Report de la empresa especializada en temas latinoamericanos, Latin American Newsletters (UK). Eso parece ser sintomático de la creciente y generalizada decepción con la administración de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC) liderada por Cartes, y su fracaso en el logro de los pomposos objetivos que Cartes se había fijado cuando asumió el poder en el año 2013. Así concluye la introducción. Lo que sigue es la traducción completa del artículo, con algunas actualizaciones:

En su discurso inaugural en el 2013, Cartes prometió combatir la corrupción oficial; promover el desarrollo de la infraestructura del país; y reducir decididamente la pobreza. Parafraseando al Papa Francisco, el nuevo presidente agregó que si él fallaba en cumplir sus promesas, los votantes debían “hacer lío” y recordarle sus promesas. Ya pasaron tres años, más de la mitad de su mandato, y existe el sentimiento predominante que la administración Cartes no ha estado a la altura de sus promesas y sólo ha hecho promesas vacías. Y, más problemáticamente para Cartes, sus detractores políticos, particularmente de la Izquierda, han tomado en serio su llamado a hacerlo responsable, y se movilizan en protesta por sus fracasos.

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Grupos políticos izquierdistas han hecho demostraciones contra el gobierno de Cartes el año pasado, repudiando sus políticas económicas y sociales acusándolo de renegar de algunas de sus promesas –en particular, acabar con la corrupción oficial. Pero aquellas demostraciones no lograron lo que buscaban ni impactaron sobre el gobierno. En contraste, la marcha de protesta hasta el congreso nacional organizado por el CDP –que agrupa a sindicatos locales, grupos de productores campesinos, y la principal coalición opositora de izquierda, Frente Guasú (FG)– el 15 de agosto coincidiendo con el 479no aniversario de la fundación de Asunción, y los tres años desde que Cartes prestó su juramento como presidente, contó con una buena asistencia. De acuerdo con informes de la policía local, unas 2.000 personas tomaron parte en la marcha y después montaron un mitin antigobierno en la plaza frente al congreso.

Durante la concentración, los líderes del CDP acusaron a la administración de Cartes por no descabezar la corrupción; buscando avanzar en la privatización encubierta de las empresas del Estado, a través de su esquema de Asociación Público-Privada (APP); fracasando en su promesa de poner fin a la infiltración de los narcotraficantes en la política, permitiendo el establecimiento de un “estado narco-estatal paralelo”; y fracasando (algunos dicen rehusando) conducir una necesitada reforma agraria. Esta última queja está relacionada con la acusación que el gobierno está tratando de ‘encubrir’ la verdad acerca de la ‘masacre de Curuguaty’ de junio del 2012 en la cual resultaron muertas 17 personas en un choque armado entre campesinos que ocupaban tierras y la policía en Curuguaty, en el departamento de Canindeyú.

Ese violento incidente fue el catalizador que condujo al juicio político del ex presidente y líder del FG, Fernando Lugo (2008-2012). Y el FG y los grupos campesinos desde entonces han pedido que el incidente sea totalmente aclarado y que se abordaran los factores que habían conducido a la masacre –incluyendo la concentración en la propiedad de la tierra y la perenne pobreza rural. Estas demandas fueron renovadas después que el 15 de junio de este año una corte local halló a 11 campesinos responsables de la muerte de seis oficiales de la policía, aquel día y aplicaron pesadas sentencias de prisión. Pero la corte no hizo nada para aclarar la muerte de los 11 campesinos muertos que también resultaron muertos ese día. Basados en todos estos fracasos, los manifestantes exigieron la renuncia de Cartes.

Aunque las organizaciones como el FG y el CDP siempre han sido detractores de Cartes, muchas de esas críticas han sido expresadas por otros partidos opositores como también la creciente disidencia dentro de la ANR-PC. Por otro lado, el gran número de manifestantes en las calles de Asunción el 15 de agosto, parece ser indicativo de la extendida insatisfacción con la administración de Cartes. En verdad, una encuesta de Ibope-CIES difundida por del diario local Última Hora el 14 de agosto, halló que 77% de los encuestados desaprueba al gobierno mientras que sólo el 23% lo aprueba. Todo esto sugiere que los esfuerzos de los partidarios de Cartes por enmendar la constitución a fin de que él pueda buscar la reelección no tienen futuro, y que las chances de la ANR-PC de retener el poder en el 2018 lucen oscuras.

La misma encuesta mencionada más arriba provee un dato interesante: Entre los empleados públicos afiliados a la ANR-PC, entre el 78% y el 80% dicen que no votarían por Cartes en caso que haya reelección. Sólo entre el 14% y el 15% respondió que votarían por Cartes.

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