El ambiente político de Brasil queda marcado por una amarga polarización como consecuencia del juicio político a la ya ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El nuevo Presidente, Michel Temer, tiene legalidad pero carece de legitimidad ante millones de brasileños, ahora deberá demostrar que es capaz de dirigir al país, algo nada fácil.

El senado votó por la remoción de Rousseff (61 de los 81 senadores, bien por encima de la mayoría requerida de dos tercios), fue un regalo para Temer, quien asumió oficialmente el cargo presidencial, dando por la televisión nacional un discurso ya preparado, prometiendo “una nueva era”, y prontamente partió para la cumbre del G-20 en China con la misión de demostrar a la comunidad internacional que Brasil “ha vuelto a encarrilarse”. Su inmediata salida del país significó que Brasil ha tenido tres presidentes en el espacio de 24 horas, el 31 de agosto, pues el presidente de la cámara baja federal del congreso, Rodrigo Maia, asumió como presidente interino en reemplazo de Temer. En realidad, fue una metáfora apropiada para el estado del país, según señalaron mordazmente algunos observadores locales.

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Rousseff y su izquierdista Partido dos Trabalhadores (PT) han sostenido desde el inicio del proceso de juicio político, que se trataba de una doble conspiración de la élite política y empresarial con el objetivo de frustrar las investigaciones sobre el más grande escándalo de corrupción en la historia del país, en el cual ha sido implicada una vasta mayoría de políticos y empresarios y, simultáneamente, para desalojar drásticamente del poder al PT cuando, por cuarta vez consecutiva, esa misma elite no logró derrotar al PT en las urnas en octubre del 2014. La crisis económica en el país, y como consecuencia la caída de popularidad de Rousseff, le agregó ‘peso’ a esa conspiración legal, afirman sus partidarios. Formalmente, Rousseff fue condenada en el juicio por haber violado deliberadamente las normas fiscales establecidas en la constitución.

Luego de su partida del palacio presidencial, donde ella se había refugiado desde su suspensión en mayo, Rousseff se mostró desafiante acusando directamente a Temer de un “golpe de estado” y prometiendo seguir luchando. Acusando al congreso de “hacer pedazos la constitución”, ella declaró que fue un “golpe parlamentario” y un severo revés para Brasil y sus ciudadanos. “este es un golpe contra el pueblo y contra la nación,” declaró ella. “Es un golpe misógino, un golpe homofóbico, un golpe racista –es la imposición de una cultura de intolerancia, prejuicios y violencia”.

“Ahora he sido reemplazada por un grupo de políticos corruptos quienes están bajo investigación,” declaró Rousseff. En verdad, eso es verdad; casi el 60% de los representantes federales se han enfrentado o están enfrentando procedimientos judiciales, de acuerdo con la respetada organización Congresso em Foco, que en cambio pasó por alto el hecho que varios importantes miembros del PT, como también Rousseff, y su predecesor y mentor, Lula da Silva, también están siendo investigados como parte del actual escándalo de corrupción, que se centra en la compañía petrolera del Estado, Petrobrás, y relacionado con prácticas ilícitas que estaban en marcha cuando Rousseff fue presidente de la compañía. Temer fue rápido en devolver el golpe declarando: “Fue usted quien lideró el golpe, usted la que rompió la constitución”.

En tal atmósfera polarizada, Temer y su polémico gabinete conformado totalmente por hombres blancos tendrán que producir avances rápidamente, comenzando con un retorno a la estabilidad económica, seguido por medidas relacionadas con las reformas políticas y estructurales exigidos fuertemente por los votantes brasileños en los últimos años. Cualquier signo de interferencias o impedimentos para obstaculizar las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en Petrobrás y/o la justicia, tiene garantizado que cause el malestar del público. Temer deberá recordar las precedentes protestas de junio del 2013 a lo largo del país, cuando Rousseff, entonces en su primer mandato, aún era relativamente popular.

Una cosa está clara. La destitución de Rousseff, cualesquiera sean sus méritos legales, no hace absolutamente nada para resolver el principal problema estructural de larga data de Brasil –la dependencia arraigada profundamente en la sistémica política de coalición con quien sea para garantizar la gobernabilidad. La gran pregunta ahora es si el nuevo pero veterano Presidente de Brasil tiene la ambición y la visión política necesaria  –y el talento político– para cumplir las complejas y desafiantes exigencias que ahora tiene por delante. En ese contexto (y como han descubierto sus predecesores), tendrá un congreso federal difícil de manejar, con su insaciable demanda de recibir fondos para sus proyectos electorales, lo que por último podría representar el más grande desafío pata Temer.

Reacción externa

La reacción externa al resultado final del juicio político fue tan polarizada como la interna. En Buenos Aires, el moderado gobierno liderado por el Presidente Mauricio Macri emitió una declaración diciendo que Argentina “respeta el proceso institucional”. Y agrega que Argentina “reafirma su voluntad de continuar en el camino de una real y efectiva integración, dentro del marco de absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas, y la ley internacional”, enfatizando también que continuará trabajando con Brasil “para fortalecer el Mercosur”, el afligido Mercado Común del Sur (del que también forman parta Paraguay, Uruguay, y Venezuela).

El gobierno de Estados Unidos igualmente declaró a través del vocero del Departamento de Estado, John Kirby: “Estamos confiados que continuará nuestra fuerte relación bilateral. Esta fue una decisión [el juicio] hecha por el pueblo brasileño y obviamente la respetamos. Las instituciones democráticas brasileñas han actuado dentro de su marco constitucional”. El gobierno de Colombia se hizo eco de lo dicho por EU, diciendo que confiaba en “la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad”.

La reacción de la Izquierda regional del movimiento Bolivariano difícilmente podría haber sido más diferente. Venezuela inmediatamente rompió las relaciones políticas y diplomáticas con Brasil convocando a su embajador en protesta por el “golpe parlamentario”. Brasil, más tarde, convocó a su embajador en Caracas para consultas, lo que probablemente sea el preludio de una decisión recíproca a la de Brasil. Ecuador y Bolivia condenaron igualmente el “golpe” y convocaron a sus representantes en Caracas. El Salvador, Nicaragua, y Cuba sugirieron que no reconocerían al gobierno de Temer.

En Santiago de Chile, el gobierno de Izquierda moderada liderada por la (también profundamente impopular) Presidenta Michelle Bachelet, expresando cierta preocupación, y describió a Rousseff como “una amiga del gobierno chileno”. Con fuerza señaló su preocupación acerca de la “incertidumbre” causada por el proceso del juicio político, pero no lo rechazó explícitamente. Uruguay asumió una postura similar, expresando preocupación acerca de la situación esperando una solución “de acuerdo con los cánones democráticos e institucionales”.

© Latin American Newsletters (UK)

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