El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, barrió con el último vestigio de oposición a su gobierno y consolidó su férreo control del poder. La Corte Suprema Electoral (CSE), sumisa con el gobierno de Ortega, emitió un fallo el 28 de julio, destituyendo a 28 legisladores (incluidos 12 suplentes) del Partido Liberal Independiente (PLI).

 

La medida significa que la Asamblea Nacional, la única institución estatal que no está sometida a Ortega, ahora estará totalmente controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Días más tarde, Ortega confirmó que su esposa, la Primera Dama Rosario Murillo, sería su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de noviembre, consolidando formalmente la dinastía familiar.

La decisión de la CSE está vinculada con una decisión anterior de la corte que despojó al antiguo opositor al gobierno, Eduardo Montealegre de su liderazgo del PLI y lo traspasó a Pedro Reyes Vallejo, considerado un títere del Presidente Ortega. La CSE justificó su fallo sobre la base de que los diputados removidos habían rehusado reconocer a Reyes como el nuevo líder PLI.

daniel ortega nicaragua inner

Los diputados de la oposición parecían atónitos en una conferencia de prensa convocada a toda prisa el 29 de julio. El jefe de la bancada opositora en la asamblea nacional, Wilber López, denunció “la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho [por Ortega y el CSE] debido a que viola todos los procedimientos legales [del país] y destruye el fundamento del sistema constitucional de Nicaragua”. La oposición también dio a conocer una declaración advirtiendo acerca de “la creciente represión [y] el uso del aparato coercitivo del estado contra los líderes de la oposición y contra personas del público que hablen en contra del régimen”.

La federación empresarial de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa

Privada (COSEP), que ha disfrutado de una alianza con Ortega en los últimos 10 años de su segunda etapa en el poder, también se resistieron a la temeraria eliminación del último de los controles formales y de equilibrio sobre su gobierno. COSEP pidió al gobierno que respete la Constitución y se abstenga de “concentrar el poder en detrimento de la democracia”. En una declaración redactada en términos enérgicos, rompiendo su silencio sobre el creciente autoritarismo de Ortega, COSEP argumentó que la destitución de los diputados debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes”, agregando que era “imperativo y urgente […] establecer las condiciones mínimas para fortalecer la institucionalidad democrática en nuestro país”. Y sigue agregando que “Es responsabilidad de todos promover la estabilidad política, el desarrollo sustentable y la cohesión social, pero sobre todo superar […] nuestras diferencias políticas e ideológicas, ya que no podemos permitir que nuestro país sea conducido al borde de la confrontación como en el pasado” 

Otro grupo de presión del sector privado, la Cámara Americana-Nicaragüense de Comercio (Amcham), difundió un comunicado denunciando la decisión de la CSE como “la profundización de la crisis política y la incertidumbre que nuestro país está experimentando”. Por su lado, el vocero del Departamento de Estado de EU, John Kirby, dijo el 1 de agosto que su gobierno, que ya ha expresado preocupación acerca de la carencia de observadores electorales internacionales, estaba ahora “gravemente preocupado por las acciones del gobierno nicaragüense y la Corte Suprema para limitar el espacio democrático antes de las elecciones presidencial y legislativa en noviembre”. Y urgió al gobierno de Nicaragua que “respete las voces de su pueblo”.

Nunca hubo ninguna duda real que Ortega ganará las elecciones, incluso con el PLI compitiendo en las elecciones pues él permanece popular, por lo que se especula que podría haber una motivación adicional detrás de la medida: para silenciar a la oposición antes de la inminenteincertidumbre económica que podría sobrevenir en el país, debido a que el benefactor principal de Nicaragua, Venezuela, se encuentra actualmente en una situación desesperada; y, con dudas acerca de la salud del propio Ortega, para silenciar las críticas ante el establecimiento de una dinastía familiar, trayendo a la memoria el espectro de la dictadura de Somoza (1936-1979).

Las encuestas de opinión muestran que Ortega sigue siendo popular debido a los programas sociales financiados por Venezuela, y su record en materia de seguridad. El último sondeo de M&R Consultores, publicado el 22 de julio, pone el apoyo a Ortega en 82%, y al FSLN en 60%. La encuesta, también muestra que el apoyo por la oposición es de sólo 5%, mientras 1ue 34% no expresaron sus preferencias.

La seguridad y otros temas

El gobierno del FSLN continúa promocionando sus logros en seguridad. Según un informe del 5 de julio del vocero del estado el19digital, desde que el FSLN retornó al poder en el 2007, la tasa de homicidios de Nicaragua ha caído 22%. El informe afirma que mientras el promedio de la tasa de homicidios para América Latina es de 28,5 por 100.000 habitantes, en Nicaragua es de 8 por 100.000 habitantes. Esta cifra está bastante debajo de sus vecinos de Centroamérica: El Salvador registra 68,6 por 100.000; Honduras, 66; Guatemala, 31; Panamá, 16; y Costa Rica, 9,5.

Sin embargo, el Presidente Ortega fue forzado recientemente a admitir que mientras que Nicaragua disfruta de “altos niveles de seguridad, reconocidos internacionalmente”, eso “no es total”. Esto fue después que el Comisario Mayor Buenaventura Miranda Fitoria, comandante de la policía en el departamento de Boaco y fundador de la policía nacional de Nicaragua (PNN) fue muerto a balazos por un asaltante desconocido el 27 de julio cuando estacionaba su automóvil fuera de su casa. Las autoridades aún no han identificado al perpetrador o el motivo del ataque.

El último sondeo de percepciones sobre seguridad ciudadana publicado en junio del 2016 por el respetado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), mostraba que solamente el 14,2% de los 1.721 personas entrevistadas citaron el delito como su principal preocupación; 32,1% el desempleo; 18,8%, los altos precios; y 18,5%, la pobreza.

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