Es probable que Colombia emerja pronto de lo que el Presidente Juan Manuel Santos ha descrito como “un peligroso y riesgoso limbo”. A seis semanas del rechazo por un escaso margen del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un referéndum nacional, los negociadores del gobierno y las guerrillas en Cuba acordaron sobre una serie de revisiones.

Muchas de las objeciones de aquellos quienes encabezaron la campaña del “No” fueron incorporadas de alguna forma en el nuevo acuerdo, pero aunque dichas objeciones supusieron algo más que “ajustes”, no llegaron a ser las “profundas revisiones” exigidas por la figura más visible del voto por el “No”, el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe.

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Los negociadores del gobierno y las guerrillas en Cuba se reunieron en “modo de cónclave” el 4 de noviembre y emergieron ocho días más tarde con un nuevo acuerdo. Se alcanzaron acuerdos en 56 de las 57 “secciones temáticas” en las cuales que fueron condensadas la miríada de propuestas del campo por el “No”. Los ajustes y clarificaciones fueron integrados en el acuerdo original de paz, requiriendo una metódica re-lectura del texto, que fue expandido de 297 a 310 páginas.

La participación de los líderes de las Farc en la política colombiana fue la única de las 57 secciones sobre la cual no se pudo alcanzar un acuerdo sobre las revisiones propuestas. Las Farc tendrán garantizadas cinco bancas en cada una de las 166 bancas de la cámara baja y las 102 bancas del senado en las elecciones del 2018 y del 2022, con el fin de establecerse como un partido político, independientemente de que supere o no el umbral electoral. Uribe se ha mostrado inflexible en el sentido que a los “terroristas condenados” no se les deberían otorgar cargos electos. Él deseaba que los líderes de las Farc culpables de serios abusos sean encarcelados y deben ser bloqueados de ocupar una banca en el congreso. Pero el Presidente Santos se mostró firme por no haber renegociado este punto: “La razón de todo proceso de paz en el mundo es precisamente para que las guerrillas depongan sus armas y puedan participar legalmente en la política.”

Se hicieron algunos cambios significativos en la composición y el funcionamiento del sistema de justicia transicional, pero la propuesta de Uribe de que esto se desechara nunca se tuvo en cuenta. No habrá jueces extranjeros con poder de sentencia en el tribunal de transición; estará compuesto exclusivamente por jueces colombianos y algunos jueces extranjeros en carácter de asistentes. El mandato del sistema de la justicia transicional que se extendería por 10 años, ha sido diluido. Su alcance se limitaría a enjuiciar a terceros sospechosos de financiar a grupos armados ilegales, tales como las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras que los empresarios acusados de financiar o de obtener beneficios de cualquiera de los grupos armados ilegales no tendrían que aparecer en Tribunales civiles. Estos dos temas constituyen un compromiso de las Farc.

Bajo el nuevo acuerdo, la vagamente definida “restricción de la libertad” para miembros de las Farc quienes confiesen sus delitos y son sentenciados por el sistema transicional de justicia  fue clarificado. Aquellos condenados recibirán sentencias benévolas y estarán detenidos en campamentos rurales no más grandes que las “zonas de concentración” en las que los guerrilleros están preparados para desmovilizarse.

En un discurso televisado dirigido a la nación, en el que Santos buscó destacar las concesiones adicionales extraídas a las Farc, él también saludó el hecho que el grupo guerrillero había prometido presentar un inventario completo de todos sus recursos y activos financieros dentro de 180 días, a fin de proveer compensación para las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, vale señalar que sólo 24 horas de la votación del referéndum, casi como una ocurrencia tardía, las Farc anunciaron que proveerían tal inventario. Las Farc podrían haber atraído a muchos más votantes si este anuncio no se hubiera producido tan tarde. Las Farc habían dicho previamente que carecían de los medios financieros para contribuir en la reconstrucción post-conflicto.

En otra parte, el nuevo acuerdo incluye un cambio en la redacción original sobre reforma agraria, diciendo que las autoridades tendrían la palabra final sobre la redistribución de la tierra de unas 3 millones de hectáreas, mientras que las comunidades locales tendrían participación en el proceso pero no el control del mismo. Además, insiste en que “nada en el acuerdo afectaría el derecho constitucional a la propiedad privada”. Esto seguramente aplacará a la campaña del “No”. Uribe, él mismo un importante terrateniente, ha exigido reaseguros que la propuesta de la reforma agraria no resultaría en que sean entregadas a los campesinos como parte de la redistribución, las tierras adquiridas legítimamente por sus propietarios.

El nuevo acuerdo también  otorga poderes al gobierno para recurrir a la erradicación manual de los cultivos de drogas, y aspersión sobre los cultivos, si no se puede lograr un acuerdo con las comunidades sobre la sustitución de los cultivos de coca. El acuerdo también obliga a todos los que comparecen ante la corte a proporcionar detalles completos de su participación en el comercio de las drogas.

El nuevo acuerdo poner en marcha un proceso especial de recolección de información entre el gobierno, las Farc, y las organizaciones víctimas acerca de los ‘desaparecidos’ en el conflicto. Finalmente, busca remover las preocupaciones existentes acerca del llamado ‘ideología de género’. El voto evangélico contribuyó con alrededor de 2 millones de votos contra el acuerdo original en el referéndum nacional, esto ocurrió, de acuerdo con los líderes de las iglesias protestantes de Colombia debido a la (infundada) creencia que el mismo privilegiaba a la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexual (LGBTI).

Disputa

“Este es, genuinamente, un nuevo acuerdo. Y es definitivo […] no existe espacio para una nueva negociación,” alega el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. En una reunión privada con Santos, Uribe había apelado al gobierno para que someta el acuerdo revisado a más revisión y modificación. Pero el gobierno sostiene que muchos de los cambios propuestos han sido incorporados en el nuevo acuerdo y que existe un apoyo popular masivo por la paz; las ONG, y las organizaciones de víctimas coordinaron una marcha en Bogotá el 15 de noviembre.

Mientras que el Centro Democrático de Uribe, de extrema derecha, está dispuesto a ponerse firme a fin de estudiar, revisar y analizar el nuevo acuerdo en su propio tiempo, el gobierno quiere avanzar rápidamente para poner fin a la actual incertidumbre. El gobierno lo ha expresado con enfática claridad que no habrá más modificaciones, pero sin revelar qué es lo que pasará después. Implementar el acuerdo revisado directamente a través del congreso es el curso más probable, siendo por lejos menos riesgoso que un segundo referéndum. El congreso tendrá poco espacio de tiempo para ratificar el acuerdo antes de entrar en receso en diciembre, pero esto debería ser sencillo, dado el firme apoyo de los partidos que conforman la coalición gobernante y de la oposición de Izquierda. Santos, en ese caso, debería poder recibir su Premio Nobel de la Paz en diciembre, con el acuerdo formalmente ratificado.

Apoyo de Estados Unidos

El Secretario de Estado de EU, John Kerry, describió el acuerdo de paz revisado como “un importante paso hacia delante” y recalcó que EU “continúa apoyando su completa implementación”. En una declaración, Kerry agregó que “Después de 52 años de guerra, ningún acuerdo de paz puede satisfacer a todos en cada detalle”. La preocupación para el Presidente Santos es que el apoyo de EU al acuerdo de paz, tanto retórico y (crucialmente) financiero, no dure cuando el Presidente electo Donald Trump asuma su cargo en enero próximo. Sin embargo, Santos habló con Trump el 11 de noviembre, gracias a que el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, intercedió. Santos dijo que había acordado con Trump “fortalecer la estratégica y especial relación entre Colombia y EU”.

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