Luego de casi cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, los representantes del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), llegaron a un acuerdo definitivo de paz, que fue firmado el 26 de septiembre, en Cartagena, Colombia, por el Presidente Juan Manuel Santos, y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri. 

El acuerdo de paz, pone formalmente fin al conflicto armado interno de 52 años en Colombia. El acuerdo ahora será sometido a la aprobación del público en un referéndum nacional el 2 de octubre, y está siendo ahora analizado en detalle por el electorado colombiano. Los aspectos generales de las negociaciones entre el gobierno de Santos y las Farc se han hecho conocer ya desde hace tiempo sobre los seis puntos incluidos en la agenda de conversaciones (reforma rural integral; la futura participación política de las Farc; los términos de un cese del fuego bilateral y el abandono definitivo de las armas por las Farc; soluciones al problema de las drogas ilícitas; reparaciones para las víctimas del conflicto; y la implementación de la paz y los mecanismos de verificación).

colombia acuerdo por la paz

Conciente que algunas de las resoluciones propuestas sobre las cuestiones discutidas con las Farc –como la adopción de un sistema transicional de justicia para juzgar a los guerrilleros y permitirles su activa participación en la política interna luego de su desmovilización– serían conflictivas y opuestas por algunos sectores, en particular por la Derecha, la administración Santos propuso someter el acuerdo final a un referéndum público para agregarle más legitimidad.

La administración Santos también sostiene que la aprobación de los acuerdos por medio de un referéndum daría un claro mandato para llevar adelante algunas de las importantes reformas políticas, económicas, y constitucionales, requeridas para implementarlas. Luego del anuncio de los equipos negociadores en La Habana que el acuerdo estaba finalizado, el Presidente Santos envió una copia completa de los acuerdos al congreso nacional y los hizo públicos para que los ciudadanos pudieran revisarlos antes del referéndum. El congreso aprobó el 29 de agosto los planes para el llamado ‘referéndum por la paz’.

Ya en julio, la Corte Constitucional (CC) de Colombia dictaminó que el plan del gobierno de someter el acuerdo era válido; y que su aprobación en el referéndum por el umbral mínimo del 13% del electorado registrado (4,4m de personas) haría que su resultado sea vinculante, y obligaría al gobierno a implementar todas las medidas necesarias para que los acuerdos tengan efecto. (El dictamen de la CC también obliga al gobierno de abstenerse de implementar cualquiera de las medidas acordadas si el acuerdo finalizado fuese rechazado.)

Con todo esto ya establecido, el Presidente Santos develó el 30 de agosto, la única pregunta a la que se someterán los 33,8m de votantes registrados en el referéndum:

“¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el

conflicto y construir una paz estable y duradera?”

Los opuestos al acuerdo

Liderados por el ex presidente y actual senador, Alvaro Uribe, líder del principal partido opositor de Derecha, el Centro Democrático (CD), los oponentes al acuerdo han alegado desde hace tiempo que el gobierno de Santos ha ofrecido demasiadas concesiones políticas y judiciales a las Farc en las negociaciones de La Habana. En particular, Uribe y oponentes del acuerdo dicen que el sistema de justicia de transición que el gobierno propone aplicar a los desmovilizados guerrilleros de las Farc es demasiado indulgente (en el se contempla sentencias máximas de prisión de ocho años para aquellos quienes confiesen sus delitos) y conduciría a la impunidad para los guerrilleros de las Farc quienes hayan cometido ciertos delitos, incluyendo algunos que podrían ser clasificados como atroces.

Sin embargo, el gobierno de Santos rechaza ese argumento, señalando que bajo su sistema propuesto de justicia transicional, ninguno que se acusado de cualquier delito serio, incluidas serias violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra, serán elegibles para recibir un tratamiento indulgente. También señala que tales casos podrían ser llevados ante los foros internacionales, aunque bajo el acuerdo ningún ex guerrillero podrá ser extraditado para afrontar cargos penales fuera de Colombia. Pero el gobierno ha reconocido que algunos ‘delitos menores’, que podrían incluir la muerte o el abuso físico de individuos durante el conflicto, son elegibles para ser perdonados bajo el sistema transicional de justicia.

Por otro lado, las Farc tendrán aseguradas cinco bancas en el senado y la misma cantidad de bancas en la cámara de diputados en las elecciones del 2018 y del 2022. Además, la guerrilla formará su grupo político propio cuando hayan entregado las armas, y podrán participar en la política nacional desde el 2018,  si superan el umbral mínimo exigido a los partidos políticos y si obtienen más el número de escaños fijados, tendrán representación propia cualquiera sea el número de bancas obtenidas y que supere el número acordado. Además tendrán otra ayuda, pues se crearán dieciséis nuevas circunscripciones electorales en zonas donde la presencia de las guerrillas ha sido intensa.

Pero si no logran ni lo uno ni lo otro por sus propios medios, les concederán los diez puestos exigidos. Será para dos legislaturas, la del 2018 y del 2022. Después, tendrán que ganárselo solos.

La campaña por el ‘No’

Después de analizar el acuerdo de paz finalizado, Uribe y su CD presentaron una serie de desafíos legales contra algunos aspectos del acuerdo ante la CC el 31 de agosto, entre ellos se destaca otra queja legal que sostiene que la propuesta de dar estatus constitucional al acuerdo de paz (lo que significa que no puede ser ignorado por un futuro gobierno) es también ilegal.

Los desafíos legales ahora serán analizados por la CC y aunque es improbable que la CC resuelva a favor del CD, esto permitirá al partido avanzar en su campaña, pidiendo al público que vote por el ‘No’ en el referéndum por la paz (en rechazo del acuerdo). De hecho, el CD ha dicho que si la CC descarta sus quejas, las llevará a los foros internacionales, tales como la Corte Penal Internacional; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Todo esto podría no impedir que se realice el referéndum, pero podría influir sobre el resultado. Si alguno de esos foros concuerda con el CD, eso reforzaría la posición de los detractores que afirman que el acuerdo es “deficiente” e inviable. Uribe y Pastrana afirman que las deficiencias del acuerdo no producirán una paz duradera y conducirá a la impunidad y al resurgimiento de la violencia.

Incluso aunque el Presidente Santos y ‘Timochenko’ firmaron formalmente el acuerdo de paz durante una ceremonia pública ante 2.500 invitados especiales, entre los cuales estaban 13 jefes de Estado en Cartagena de Indias, Uribe encabezaba a cientos de personas en la ciudad en una demostración contra el acuerdo. Repitiendo que, tal como está, el acuerdo ofrece la impunidad a guerrilleros responsables de crímenes atroces, violando la ley internacional, Uribe urgió a los colombianos que voten contra el referéndum. Él insistió que la única manera de lograr una paz sustentable en el país era rechazando el acuerdo de paz a fin de forzar una renegociación y la firma de un acuerdo mejor que aseguraría una paz duradera.

Si bien en Colombia las encuestas anteriores se mostraban bastante volátiles sobre los probables resultados del referéndum, en las últimas encuestas las cifras mostraban una clara inclinación a favor del ‘Sí’. El próximo 2 de octubre se acabarán las discusiones y el pueblo colombiano dirá su última palabra.

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