El grupo armado insurgente autoproclamado como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) secuestró el 26 de julio pasado a otro civil en la llamada ‘área de influencia’ en la zona norte de la región oriental de Paraguay. El secuestro tuvo lugar pese al continuado despliegue de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC).

Esta es la traducción de un artículo aparecido en la edición de agosto de Latin American Security and Strategic Review de Latin American Newsletters (UK). El hecho que el secuestro haya tenido lugar pese a la prolongada presencia de la FTC en el área mencionada, ha conducido a renovados cuestionamientos sobre las afirmaciones de las autoridades en el sentido que esa presencia ha debilitado de manera significativa al EPP y sobre cuál es, en realidad, la amenaza que aún representa el EPP.

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Ese último golpe del EPP, de acuerdo a testigos oculares, un grupo de cinco a seis hombres armados aparecieron en la granja localizada en la colonia Menonita de Río Verde, en el departamento de San Pedro. Los atacantes incendiaron un tractor que estaba siendo usado en un campo y secuestraron a un trabajador Menonita de 17 años, Franz Wiebe Boschman y otro trabajador (que fue liberado horas más tarde). Creyendo que Wiebe era el hijo del dueño de la granja, el EPP exigió un rescate de US$700.000, en una nota que llevó trabajador a la familia Wiebe Boschman. La suma exigida es similar al requerimiento de US$500.000 que exigían por la liberación de Abraham Fehr Banman, un propietario Menonita quien, un año antes, fue secuestrado de la colonia Menonita Manitoba, también localizada en el departamento de San Pedro. Fehr, quien fue tomado de su granja por miembros armados del EPP el 8 de agosto del 2015, permanece cautivo pues su familia ha rehusado pagar el dinero exigido, y la operación de rescate lanzada por la FTC no logró ningún resultado.

Wiebe –cuya familia ha dicho que son meros trabajadores en la granja y que carecen de los medios para pagar la suma exigida– es el segundo Menonita mantenido cautivo por el EPP, y el segundo adolescente secuestrado por el grupo en la llamada ‘área de influencia’ –las áreas fronterizas entre los departamentos norteños de San Pedro y Concepción– desde que el gobierno liderado por el Presidente Horacio Cartes había creado y desplegado la FTC en el área con el claro objetivo de acabar con el EPP. Esto fue posible gracias a la aprobación por el congreso de una legislación que autorizaba la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el grupo de guerrillas, junto con la fuerza policial.

El secuestro de Wiebe condujo a una extendida crítica del público en general sobre la FTC y sus actividades contra el EPP. En particular, la prensa local señala que, como en previos secuestros, los residentes de la colonia Río Verde se quejan por el hecho que el EPP había dejado panfletos en el área advirtiendo a la población local hacer de una “inminente acción” del grupo. Las críticas hicieron que el Presidente Cartes reaccionara. Una declaración presidencial difundida el 1 de agosto anunciaba que el General Martín  Cáceres había sido reemplazado como comandante de la FTC por el general José Ramón Alvarenga Jara. La declaración no explicaba las razones del cambio, pero está claro que Cáceres, quien fue nombrado hacía nueve meses, luego del secuestro de Fehr, que fue considerado un gran fracaso de la FTC, estaba pagando el precio por no prevenir otro secuestro.

En el programa investigativo Algo Anda Mal (AAM), el General Cáceres señaló que los comandantes que han pasado por el comando de la FTC no recibían del comando de las Fuerzas Armadas ningún objetivo estratégico y ni siquiera tenían control del presupuesto destinado para la FTC. Así mismo, el último secuestro también provocó en el propio congreso voces que expresaban la necesidad de que la FTC sea desmantelada debido al poco éxito que han obtenido hasta ahora, y fueron varias las voces que coincidían con la de algunos legisladores. La prensa también dio amplia cobertura a este requerimiento.

El ministro Francisco De Vargas dijo a la prensa que el cambio en la FTC buscaba hacer más eficiente a la fuerza de tareas para obtener mejores resultados. Pero este ya es el quinto cambio desde la creación de la FTC, y todos ellos fueron en busca de mejores resultados. Consecuentemente, la decisión no ha logrado apagar las críticas de los medios locales y de la oposición política, que ahora están exigiendo la renuncia del (al parecer ‘intocable’) ministro del interior De Vargas y del jefe de la policía nacional, el Comisario Críspulo Sotelo, por los crecientes niveles de la inseguridad en el norte del país. Además, la oposición ha pedido que el senado debata si ante los pobres resultados la FTC debía ser disuelta y reemplazada por un nuevo cuerpo.

Los resultados de la FTC

Los resultados obtenidos desde su creación, citados por la oposición política en el congreso producen una oscura lectura. Según señalan, desde el 2013 el gobierno ha gastado US$70 millones en el continuado despliegue de la FTC y aún así la fuerza de 1.200 hombres no ha sido capaz de derrotar al EPP, incluso aunque se cree que son sólo 26 personas quienes forman el grupo central armado (se cree que la red de apoyo del grupo es mucho más extensa). En respuesta a eso, el ministro De Vargas ha dicho que aunque los resultados de la FTC podrían no ser “satisfactorias”, la fuerza de tareas ha tenido éxitos en la “neutralización de 100 terroristas” [muertos o arrestados] desde el 2013, que condujo al desmantelamiento de un grupo escindido del EPP: la Agrupación Campesina Armada (ACA).

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